lunes, 24 de marzo de 2014

Los de siempre


Cnel.(R) Aliberto Rodrigáñez Ricchieri (foto de 2013)

El 28 de junio de 1966, un joven teniente de Granaderos, nacido en 1942 y llamado Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, desempeñaba la jefatura de guardia en la Casa Rosada, sobre la cual avanzaban las huestes golpistas del general Juan Carlos Onganía, con la intención de derrocar al presidente constitucional Arturo Illia. Enterado del golpe militar en ciernes (el quinto en 36 años y el segundo en cuatro años), Rodrigáñez Ricchieri, descendiente de un soldado sanmartiniano y amante de la música clásica, intentó detener el nuevo avance anticonstitucional apostando dos ametralladoras y treinta granaderos en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual impelió a algún colega suyo a considerarlo demente. Como si el golpismo fuera menos demencial.
La solitaria resistencia de Rodrigáñez Ricchieri constituía un triste recordatorio de una sociedad argentina atravesada, desde 1930, por un golpismo principalmente emblematizado por el denominado "partido militar". Entre 1930 y 1943, el "partido militar" ayudó al conservadurismo a tratar de recuperar la hegemonía detentada por el conservadurismo desde 1880 y principalmente cimentada en prácticas electorales fraudulentas sistematizadas hasta la promulgación de la Ley Sáenz Peña en 1912. Entre 1916 y 1928, la Ley Sáenz Peña amparó tres de los comicios presidenciales más transparentes de la historia político-electoral argentina, cuyo resultado no podía sino disgustar sobremanera a la élite conservadora, pues favorecía al radicalismo, primer gran rival histórico del conservadurismo, pese a la filiación socioeconómica oligárquica del presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear. A la élite conservadora tampoco podía agradar que el dirigente radical antiyrigoyenista Roberto Ortiz hubiese aceptado llegar a la Casa Rosada mediante comicios fraudulentos y que, en 1940, el presidente Ortiz hubiese intentado combatir el fraude electoral al decretar la intervención federal contra el baluarte bonaerense del fraude comicial conservador. la élite conservadora no podía sino tranquilizar que la mala salud del presidente Ortiz allanase la asunción presidencial del vicepresidente conservador catamarqueño Ramón Castillo, neto partidario del fraude electoral.
El derrocamiento del presidente Castillo y el advenimiento del peronismo revelaron a la élite conservadora la inviabilidad irreversible del fraude electoral. La élite conservadora debió buscar mecanismos alternativos para preservar su poder político y socioeconómico del avance arrollador del peronismo. Los encontró en la alianza con elementos sociales, políticos y militares antiperonistas, que posibilitaría el derrocamiento y destierro del presidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Perón había obtenido su primera presidencia en los comicios nacionales del 24 de febrero de 1946, felizmente exento de las prácticas electorales fraudulentas preconizadas por el conservadurismo entre 1880 y 1912 y entre 1930 y 1943. La reforma constitucional de 1949 había permitido que Perón obtuviese cómodamente su reelección presidencial en las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951, que también permitieron ampliar los alcances de la Ley Sáenz Peña al permitir un sufragio femenino imprevisto por la normativa comicial sáenzpeñista. Aunque el autoritarismo peronista atentase contra el fair play político-electoral, las elecciones nacionales celebradas bajo el primer peronismo deben situarse entre los comicios más transparentes de toda la historia político-electoral argentina.
En 1955, con el peronismo sindicado como su segundo gran rival histórico, la élite conservadora, avalada por el "partido militar", reconquistó nuevamente el poder gubernativo por la vía golpista, al deponer a Perón e instaurar una dictadura autodenominada "Revolución Libertadora". La dictadura uriburista y los fraudulentos gobiernos electivos conservadores de la "Década Infame" habían apelado al fraude electoral para impedir el retorno al poder del radicalismo. Pero la Argentina de 1955 no era la Argentina de 1930: los primeros gobiernos peronistas no habían logrado desterrar el autoritarismo político, pero sí neutralizar definitivamente el fantasma del fraude electoral. Tras derrocar y expatriar a Perón, la élite conservadora comprendió que no podía preservar su mal reconquistado poder gubernativo mediante los mismos métodos político-electorales non sancta estilados en épocas anteriores. Exonerado Perón, la proscripción del peronismo y la tutela militar-conservadora sobre gobiernos electivos parecían los recursos más recomendables para preservar el poder gubernativo de la élite conservadora. En la Argentina de 1955 no parecía viable la dictadura vitalicia impuesta a España en 1939, con la consiguiente necesidad de alternar gobiernos dictatoriales con administraciones civiles tuteladas por sus predecesores de facto. El radicalismo, nuevamente dividido, parecía el aliado más aconsejable del endurecido golpismo, pero terminó siendo su víctima propiciatoria: los presidentes radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia fueron respectiva e impiadosamente derrocados por sus presuntos protectores en 1962 y 1966. A Frondizi lo sucedió su correligionario José María Guido, verdadero presidente-títere del "partido militar". A Illia le esperaba un singular sucesor presidencial: el general Juan Carlos Onganía, quien pretendió erigirse en el Francisco Franco argentino del decenio de 1960.
Onganía instauró una dictadura pomposamente autodenominada "Revolución Argentina". Lélite conservadora, aunque nunca abjuraría de su rabioso antiperonismo, desechó la proscripción del peronismo como recurso para preservar su poder, redoblando su apuesta hasta el extremo de preconizar la despolitización absoluta de la sociedad argentina. Onganía disolvió el Congreso y los partidos políticos y suprimió la autonomía de las muy politizadas universidades argentinas. En mayo de 1969, el Cordobazo reveló la inviabilidad de la despolitización promovida por la élite conservadora a través de su portavoz militar de turno. Al año siguiente, el fin del Onganiato se vio precipitado por el secuestro y asesinato del ex dictador antiperonista Pedro Eugenio Aramburu, perpetrados y reconocidos por elementos juveniles armados peronistas. Destituido por sus colegas militares, Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston, desplazado nueve meses después, tras un infructuoso reintento de despolitizar la Argentina, cuyos grupos guerrilleros empezaban a ensangrentar insensatamente la política nacional. El presidente Levingston fue sucedido por el general Alejandro Agustín Lanusse, quien demostró un realismo político condicionado por su terco antiperonismo, que no le permitiría presenciar con agrado la previsible restauración peronista. El 25 de mayo de 1973, Lanusse, último dictador de la "Revolución Argentina",  debió entregar los símbolos presidenciales al veterano político peronista Héctor Cámpora, que había presidido la Cámara Baja federal durante la primera presidencia peronista y padecido en carne propia los rigores del antiperonismo de la Revolución Libertadora. Su lealtad a Perón le obnubilaba hasta el punto de no percibir que el Perón de 1973, achacoso y cuasi-octogenario, no era el Perón vigoroso y quincuagenario conocido por el Cámpora de 1946-1955. El alarmante déficit camporista de realismo político allanó el camino hacia las harto insensatas presidencias de los esposos Perón, la intervención militar de 1976 y el primer capítulo del neoliberalismo socioeconómico argentino. Terrorismo de Estado y neoliberalismo socioeconómico constituyeron los principales componentes de la última intervención golpista de una élite conservadora resignada, tras el contundente fracaso del tardogolpismo carapintada de 1987-1990, a unas alianzas peronista-liberal y radical-frepasista traducidas en el segundo capítulo del neoliberalismo socioeconómico argentino, redactado entre 1989 y 2001.  
Rodrigáñez Ricchieri se retiró del cuerpo de Granaderos con el grado de coronel, en 1988, año de los alzamientos carapintadas de Monte Caseros y Villa Martelli, probablemente saturado del golpismo. Rodrigáñez Ricchieri descendía por línea materna del general Pablo Ricchieri, instaurador en 1901 de un servicio militar obligatorio devenido en fuente de múltiples abusos del "partido militar" contra la "sociedad civil" y felizmente abolido en 1995, tras el asesinato del conscripto neuquino Omar Carrasco. En 2013, el diputado nacional macrista Federico Pinedo pareció incitar a la élite conservadora ligada a Pinedo (los "50 tipos de siempre" postulados por Raúl Piñero Pacheco) a recompensar simbólicamente a Rodrigáñez Ricchieri mediante la imposición de su nombre y apellidos a uno de los accesos a una Casa Rosada infructuosamente defendida por Rodrigáñez Ricchieri en una fría mañana de 1966. El repudio de "los de siempre" constituye el mejor homenaje tributable a la patética soledad de los Rodrigáñez Ricchieri  en este nuevo aniversario del derrocamiento de la primera mujer instalada en el Sillón de Rivadavia, conmemorado durante el segundo mandato del segundo presidente argentino de género femenino.
    
  

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